Hogares del Arzobispado de Cochabamba alertan crisis económica por aplicación de la Ley 1006 y decretos departamentales

La Hermana Bruna Pierobon, representante de los hogares de acogida que pertenecen al Arzobispado de Cochabamba, dio a conocer públicamente la difícil situación económica y administrativa que atraviesan estas instituciones tras la aplicación de la Ley 1006 y de decretos departamentales que, según indicó, afectan directamente a la atención de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

La religiosa explicó que la Ley 1006, promulgada en 2021, comenzó a aplicarse de manera operativa en los hogares eclesiales recién en 2024. “Algunos artículos no favorecen a la población que acogemos, que son niñas y niños en situación de abandono, orfandad y vulnerabilidad”, señaló, recordando que esta labor corresponde a una política social de protección y prevención, que debería ser asumida prioritariamente por el Estado.

Pierobon informó que, tras procesos de diálogo con instancias de la Gobernación, se lograron correcciones parciales a ciertos artículos de la ley. Sin embargo, advirtió que la promulgación de dos decretos departamentales, entre ellos el Decreto 6038, ha generado nuevas y graves dificultades económicas para los hogares.

Como ejemplo, mencionó el caso del Centro de Acogida Wacinchej, en Sacaba, donde reside y presta servicio: “Para obtener la Resolución Administrativa se nos exige el pago de 2.500 bolivianos, trámite que aún no ha sido concluido. Sin esta resolución vigente, no podemos firmar el convenio con la Gobernación”, explicó.

La hermana Bruna también cuestionó la obligatoriedad de realizar evaluaciones psicosociales exclusivamente con funcionarios del SEDEPOS, quienes además tienen la función de inspeccionar los hogares. “No consideramos correcto que la misma instancia que inspecciona sea la que certifica la idoneidad del personal”, afirmó, añadiendo que cada certificado de idoneidad tiene un costo de 150 bolivianos, un gasto difícil de asumir para instituciones que viven mayormente de la solidaridad.

“Los hogares están sostenidos por las personas que vivimos en ellos y por la ayuda solidaria, que lamentablemente no es constante durante todo el año”, expresó, subrayando que las necesidades no se limitan a la alimentación, sino abarcan la atención integral de niñas, niños y jóvenes.

Finalmente, la representante de los hogares del Arzobispado indicó que se ha presentado una propuesta alternativa de reglamentación, solicitando una reducción de los costos económicos, sin que hasta el momento exista una respuesta concreta por parte de las autoridades. “Estamos en emergencia. No se trata solo de normas y trámites, sino de la vida cotidiana de los niños y jóvenes que están bajo nuestro cuidado”, concluyó, anunciando que continuarán informando a la población sobre esta realidad.